Estudios de Caso

Soluciones Para Gestionar el Agua

Caso 2: Iniciativas Legislativas Para Garantizar el “Derecho Al Agua” en América Latina

Introducción

Durante la ola privatizadora de la década de 1990, las empresas multinacionales del agua concentraron sus inversiones en los continentes más urbanizados del Sur global, América Latina y Asia Oriental, donde la población goza de cierta prosperidad y las economías de escala son posibles. La privatización generó inmediatamente controversias y creciente insatisfacción pública contra los servicios de abastecimiento de agua insuficientes e inequitativos. En todo el mundo surgieron diversos movimientos sociales en defensa del agua como bien común, pero donde crecieron con mayor urgencia, fuerza y mejor enfocados fue en América Latina, un continente caracterizado por fuertes tradiciones de anti-imperialismo y nacionalismo económico. Entre sus formas de lucha, los movimientos sociales han incluido, entre otras, las iniciativas constitucionales para consagrar el “derecho al agua”.

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case2.jpgUna de las victorias más famosas de la oleada de iniciativas por garantizar el derecho al agua ocurrió en Uruguay, donde la gente organizó exitosamente un referendo nacional sobre el derecho al agua. En 2002, el gobierno uruguayo firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio del cual el gobierno se comprometía a privatizar los servicios públicos de abastecimiento de agua potable. Se firmaron dos concesiones en el departamento de Maldonado, mediante las cuales se transfirió el control de los servicios públicos de agua y saneamiento a Aguas de la Costa (una filial de la multinacional francesa Suez) y Uragua (filial de la empresa multinacional Aguas del Bilbao de España). En respuesta, en 2004 una campaña ciudadana coordinada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida obligó al gobierno a reformar la constitución para que declarara el acceso al agua como un derecho humano y garantizara que su gestión permanezca en manos del Estado. Esta fue una importante victoria del movimiento social, y así se consagró por vez primera el derecho al medioambiente como un derecho constitucional. Desde entonces surgieron otras iniciativas de enmienda similares asociadas al derecho al agua en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y México.

Si bien las iniciativas para garantizar legalmente el “derecho al agua” pueden brindarles a los activistas de los movimientos sociales una herramienta para presentar demandas en los tribunales nacionales, esta herramienta se ve debilitada por la falta de mecanismos de aplicación. En Uruguay, por ejemplo, menos de un año después que fuera aprobada la modificación a la constitución, el gobierno de Tabaré Vázquez emitió un decreto según el cual a las compañías privadas que firmaron contratos de concesión antes del referendo se les permitiría seguir funcionando. Como sostienen Carlos Santos y Sebastián Valdomir, el gobierno uruguayo se negó a cumplir a cabalidad la voluntad popular por miedo a que las empresas tomaran represalias y demandaran al gobierno en tribunales arbitrales internacionales. Las inversiones de las empresas están protegidas a menudo a través de de tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de las inversiones que cuentan con poderosos mecanismos de aplicación mediante tribunales arbitrales privados internacionales ante los cuales las empresas pueden demandar legalmente a los Estados (en procesos conocidos como ‘inversionista-Estado).

Como indica el experto legal Gus Van Harten, el sistema internacional de protección a los inversionistas estipulado en esos tratados bilaterales “avanza mucho más lejos que otros regímenes internacionales que dan acceso individualizado a las instituciones internacionales de gobierno”, tales como la legislación internacional sobre derechos humanos y el derecho humanitario. En otras palabras, aunque el derecho al agua puede estar garantizado en el derecho “débil” (“soft” law), los tratados internacionales que buscan proteger los derechos de los inversionistas pueden fácilmente tomar precedencia y restringir o anular su aplicabilidad.

Vistas las limitaciones con que se topan las iniciativas asociadas al derecho al agua, hay cada vez más gente que opina que los instrumentos legales por sí solos son herramientas más bien desafiladas para luchar contra las iniciativas de privatización del agua, y que a los movimientos sociales les sería útil promover también la noción y el enfoque de “los bienes comunes”. Como explica la experta legal boliviana Rocío Bustamante, “La idea básica es repensar el concepto de los derechos con relación a la gestión de los recursos naturales como el agua, lo cual permitirá tener una relación más creativa con la naturaleza, porque los recursos naturales existen para que todos los compartamos, incluso los seres vivos no humanos. Debemos comenzar con el principio de solidaridad, que transciende la idea de “derecho”. Un “derecho” siempre implica que identifiquemos quién tiene determinado “derecho”, quién se supone que lo debe garantizar, y quién tiene personería jurídica. En cambio, si se considera a los recursos naturales como “bienes comunes”, entonces no pertenecen a nadie en particular”. Esta falta de definición e identificación de la propiedad puede ser problemática, como atestigua “La tragedia de los comunes” de Garret Hardin, y a menudo se abusa de ese argumento para sostener que el concepto de los bienes comunes está fatalmente equivocado. Pero se pasa por alto que el concepto de bienes comunes puede contribuir a desencadenar la creatividad de las instituciones públicas y de la sociedad civil en pos del manejo sustentable de nuestros preciados recursos vitales.

Preguntas

  • ¿Necesitan acaso los movimientos en pos de justicia en torno al agua optar entre el enfoque de “los bienes comunes” y el de “derechos humanos”?
  • ¿Qué tenemos que hacer para garantizar que las grandes empresas y los ricos no comprometan el espíritu de las leyes que promueven el derecho al agua?

Notas y Enlaces

Ver el artículo de Bustamente escrito en 2007 Debemos comenzar a cuestionar la idea del derecho al agua.

También los siguientes artículos:

  • Bakker, K. (2007), The “Commons” Versus the ‘Commodity’: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South, Antipode 39(3): 430-455.
  • Santos, C. and S. Valdomir (2006), Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua. Movimientos sociales y luchas por el derecho humano al agua en América Latina. ILSA. Bogotá, Colombia, Instituto Latinoaméricano de Servicios Legales Alternativos. 34: 171-179.
  • Van Harten, G. (2005). Private authority and transnational governance: the contours of the international system of investor protection, Review of International Political Economy 12(4): 600-623.
  • Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay.