Estudios de Caso

Soluciones Para Gestionar el Agua

Caso 3: El Derecho Constitucional al Agua en Sudáfrica

Introducción

case3.jpgLos derechos al agua nacionales incluidos en la constitución ofrecen esperanza de un enfoque sistemático para trabajar en pos de un acceso igualitario y sustentable al agua. En el caso de Sudáfrica, ¿está la ley acaso a la altura de sus ambiciones?

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Junto con el derecho a una alimentación suficiente, servicios de asistencia médica y seguridad social, la Constitución sudafricana incluye el derecho a “suficiente agua”. El deber de respetar estos derechos es de carácter tanto negativo como positivo. Por un lado, el Estado debe abstenerse de interferir injustificadamente con el ejercicio del derecho, inclusive:

  • Mediante toda práctica o actividad que niegue o limite el acceso igualitario al agua de buena calidad.
  • Contaminando o disminuyendo ilegalmente el flujo de agua.
  • Limitando el acceso a los servicios de agua potable o destruyendo la infraestructura como medidas punitivas.
  • Desconectando o excluyendo a usuarios del servicio de agua potable arbitraria o injustificadamente.
  • Aumentando discriminatoria o excesivamente los precios del agua.
  • Contaminando y menguando los recursos hídricos que afectan la salud humana.

Por otro lado, los derechos son positivos en el sentido de que se está obligado a protegerlos, promoverlos y cumplir con ellos. El Estado debe “adoptar medidas legislativas razonables u otras que se encuentren dentro de su capacidad, para lograr el respeto progresivo de estos derechos” (Artículo 27.2 de la Constitución de Sudáfrica.)

El reconocimiento del derecho impone ciertas obligaciones tanto al Estado como a los actores no estatales que los tribunales pueden hacer valer, como efectivamente ocurrió en el caso del Gobierno de la República de Sudáfrica vs Grootboom (2000), donde la sentencia de la Corte Constitucional estableció que se pueden hacer valer las obligaciones relacionadas a los derechos positivos sociales y económicos. El tribunal explicó que al cuestionar el fracaso del Estado en tomar medidas positivas suficientes, “la pregunta real será si las medidas legales u otras que toma el Estado son razonables”.

La cláusula más importante aquí es la que alude a lo “razonable” que sean las medidas del Estado, que incluye los roles y la capacidad de las diferentes esferas del gobierno así como también los recursos necesarios para garantizar que se puedan satisfacer los derechos al agua. Esta cláusula ha sido utilizada en la mayoría de los casos para justificar limitaciones al derecho al agua, así como para confirmar leyes que requieren que el precio del agua refleje los costos, lo que en efecto facilita la participación del sector privado en servicios relacionados con el agua y permite las desconexiones del servicio por falta de pago. Cualquier cumplimiento de “derechos” que a juicio de los tribunales debilite las estrategias macroeconómicas de competitividad internacional de Sudáfrica, o que obligue a los estamentos más bajos del gobierno a imponer aumentos en las tarifas que superen el máximo legal, son consideradas “irrazonables”.

Asimismo, la Constitución y otras leyes han sido utilizadas para defender la introducción e instalación de contadores de agua prepagos en zonas de bajos ingresos. El Estado sudafricano sostiene que los contadores prepagos “favorecen a los pobres”, y que les permite a los hogares calcular de mejor manera sus gastos de agua, mientras que al Estado le facilitan manejar el flujo de ingresos para poder invertir en la ampliación de los servicios a zonas que carecen de servicios o en donde no son suficientes. De manera semejante, se considera que los cortes de agua son constitucionales porque no pagar las facturas de servicio afecta negativamente el derecho al agua de otras personas.

El acceso al agua en Sudáfrica se ha visto por lo tanto mejorado por los derechos constitucionales, pero de ninguna manera está garantizado, ya que hay otras exigencias legislativas y macroeconómicas que definen qué medidas son “razonables” en materia de aplicación del derecho al agua.

Preguntas

  • ¿Qué tipo de instituciones o mecanismos legales son necesarios para ayudar a garantizar el cumplimiento del acceso igualitario al agua incluido en la constitución nacional?
  • ¿Cómo se puede ayudar a los ciudadanos que quieren presentar quejas y demandas formales frente a gobiernos que no cumplen con el espíritu de las leyes que pretenden garantizar el acceso al agua y la sustentabilidad del recurso?

Notas y Enlaces